Destruidos más de 2.000 elementos de juego ilegal en Colombia

Coljuegos destruyó 2.042 elementos de juegos de suerte y azar que operaban de manera ilegal en varias regiones del país y que habrían dejado de transferir alrededor de $78.412 millones anuales al sistema de salud. 

Del total de elementos destruidos, 190 habían sido incautados por la entidad en el año 2022, y otros 1.852 corresponden a las actividades de control realizadas desde octubre de 2023, y hasta la fecha, por parte de la actual administración de Coljuegos. 

“Cuando llegamos a la entidad, encontramos más de 6.000 elementos guardados en bodegas desde hace años. Nosotros, además de destruir dicho inventario, ya estamos destruyendo las máquinas que hemos incautado durante esta administración”, sostuvo Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos. 

Y añadió: “Esto nos permitirá mantener la capacidad logística y operativa para seguir realizando acciones de control en el país. Estamos golpeando de manera contundente a quienes operan apuestas sin pagar los tributos para la salud”.  

Así pues, los elementos destruidos estaban avaluados en $445 millones. Entre estos se encontraban máquinas electrónicas tragamonedas, ruletas, sillas y tableros de bingo, así como televisores, CPU, tiqueteras, monitores, módulos de apuestas por internet, lectores de códigos, baloteras, entre otros elementos. 

“Todas estas máquinas ilegales fueron retiradas en operaciones realizadas en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Antioquia, Huila, Tolima, Guajira, Córdoba y Cundinamarca. Por primera vez, la entidad está atacando focos de ilegalidad en zonas donde antes no se ejercía control”, dijo Hincapié. 

De tal manera, durante 2024, Coljuegos ha destruido 7.382 elementos ilegales. Además, en los próximos días, la entidad espera continuar con la destrucción de otras 953 máquinas, módulos de apuestas por Internet, sillas y mesas de bingos, entre otros. 

Cabe mencionar que las organizaciones de juego ilegal en el territorio colombiano están dejando de pagar al Estado alrededor de $1.5 billones anuales por derechos de explotación, recursos que podrían ser destinados para la salud de los ciudadanos de escasos recursos.